"Disidencias usaron a menor de edad como escudo humano"

En el municipio de Briceño, norte de Antioquia, circuló un panfleto el pasado 16 de agosto firmado por los supuestos frentes 18 y 58 de las Farc-Ep, Bloque Magdalena Medio. Tras mencionar a las 36 veredas y cuatro corregimientos de esta población, aclaran que no debían tomar este mensaje “como una amenaza sino como un bien para todos”, pues pretenden acabar con los desórdenes en menos de diez días.

Este panfleto, que fue replicado por diferentes medios de comunicación y que alertó a organizaciones sociales de Antioquia, no amenazan directamente de muerte a las personas, como es la costumbre en este tipo de mensajes, pero sí anuncian el cobro de multas desde un millón hasta siete millones de pesos a quienes infrinjan sus advertencias, que algunas tienen alto grado de absurdidad: “Prohibido el consumo de sustancias psicoactivas, prohibido parquear del puente Marianito hasta la esquina de la montaña, prohibido construir en propiedad ajena, mover linderos, prohibido los amanecederos”.

Y en el cobro de multas también incluyeron a “los peleadores, chismosos y chismosas”, así como a las redes de informantes en el municipio y sus veredas. 

A las personas foráneas que ingresen al municipio y a sus áreas rurales se les exigirá un permiso de las juntas de Acción Comunal y una carta de recomendación del lugar de donde proceden. 

Además, después de cerrar los establecimientos públicos, a las 2 de la mañana, no podrán circular motos o carros, a menos que sea una emergencia, por lo que habrá multa y se llevarán los vehículos.

Si bien la autenticidad del panfleto es cuestionable, voceros de la Mesa Humanitaria y de Paz en Antioquia, de la que hacen parte 42 organizaciones y que trabajan en ocho subregiones de Antioquia, aseguran que “la veracidad del panfleto no es relevante, es relevante lo que ha generado en la población este tipo de hechos”. 

Y agregan: “Si la finalidad es el control mediante la intimidación, entonces lo han logrado. En este momento hay acatamiento de esas reglas por parte de la comunidad. El Frente 58 ya se ha escuchado en el sur de Córdoba y el norte de Antioquia en varias ocasiones. Actualmente, en el norte de Antioquia, hay cuatro frentes del Estado Mayor Central (EMC, como ahora se hacen llamar las disidencias de Farc): el 18, 36, 58 y 5”.

Informar sobre regiones alejadas

La anterior amenaza se suma a varios hechos ocurridos en este municipio durante el último mes que ponen en riesgo a la población. El primero de ellos ocurrió el 8 de agosto en el sector El Hoyo, de la vereda Palmichal. Se trató de un operativo de las autoridades para dar captura a presuntos integrantes de disidencias de las Farc.

Ese operativo, adelantado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, estuvo acompañado por uniformados adscritos a la Séptima División del Ejército, que llegó disparando de manera indiscriminada, como se puede observar en los videos que grabó esta fuerza estatal. 

En reacción a los disparos, seis presuntos disidentes se ocultaron en una vivienda, hasta donde llegaron los soldados. Cuando iban a ser capturados, varios pobladores trataron de impedirlo mediante una asonada, por lo que cuatro hombres se escaparon y dos fueron detenidos.

Frente a esta situación, el diario El Colombiano publicó que las disidencias usaron a menores de edad como escudo para impedir el operativo, basado en versiones castrenses, un enfoque que ya habíamos detectado en una verificación anterior, en el que abordaron una situación similar, en la que pusieron a los niños como centro de una noticia, sin ningún tipo de contrastación, generando así fenómenos de descontextualización. 

Con respecto a los hechos del pasado 8 de agosto, otros medios de comunicación informaron de manera diferente, pues no hicieron referencia a “niños como escudo”; incluso, en los videos que publicaron, los cuales fueron grabados por los mismos uniformados, no se ven niños. 

Tanto en el periódico El Espectador como Caracol Radio se aseguró que las disidencias habían instrumentalizado a 200 personas y que hubo enfrentamientos con disidentes de las Farc, pero no hablan de niños ni las declaraciones del comandante de la Séptima División del Ejército, general Óscar Leonel Murillo, van por este lado.

Un día después de ese reporte, Caracol Radio entrevistó a un poblador bajo el anonimato que fue testigo del procedimiento de las autoridades y entregó una versión totalmente diferente. Les explicó que no hubo enfrentamientos, sino que el Ejército llegó disparando a todos lados, incluida la escuela donde los niños estaban estudiando, poniendo en riesgo a 28 estudiantes.

También contó que la comunidad es obligada por las disidencias, cada que llega el Ejército, a salir a hacer asonada para que no realicen los operativos, pero no habló de los niños como escudo. Aun así, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, dijo a los medios que va a demandar el caso ante los organismos nacionales e internacionales.

Dos días después de los hechos el medio Red Más reseñó el riesgo corrido por los alumnos de la escuela rural y le dio voz a un defensor de derechos humanos, quien explicó lo sucedido en la vereda de Briceño y exigió el respeto del Derecho Internacional Humanitario y la protección de la población civil. 

Otras denuncias

El domingo 20 de agosto el Proceso Social de Garantías de Antioquia denunció a través de la red social de Twitter que cuatro veredas de los municipios de Toledo, Briceño y Yarumal estaban confinadas por los enfrentamientos entre EMC–Farc y el Ejército, y que se registraban amenazas y extorsiones a candidatas y candidatos para las elecciones regionales y locales del próximo 29 de octubre.

Este portal contactó a un presidente de Junta de Acción Comunal y dos líderes en Briceño para contrastar estas informaciones, pero los tres coincidieron en no hablar sobre el tema. Uno de los líderes dijo que “es mejor dejar la cosa quieta porque es complicado y cualquier cosa que digamos se convierte en amenaza para nosotros, así cambiemos nuestro nombre”.

Es así como en este municipio reina el silencio y el miedo a denunciar por las represalias que cualquier actor armado, legal o ilegal, pueda tomar contra las comunidades. 

Y es que en Briceño también operan las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’, debido a que este municipio ofrece una salida hacia el Bajo Cauca antioqueño. 

“Realmente la situación de conflicto y crisis humanitaria de este municipio y del Norte, así como en otras subregiones como Bajo Cauca y Nordeste, ha llevado a que la gran mayoría de personas y organizaciones opten por la autocensura y el silencio para salvaguardar la vida. Hay mucho temor por eso hay silencio en esta región”, dicen los voceros de la Mesa Humanitaria.

Vacío de Estado tras Acuerdo de Paz

En 2016, Briceño fue clave para hacer realidad algunos acuerdos alcanzados durante el proceso de paz entre el gobierno nacional y la extinta guerrilla de las Farc. En una de sus veredas, Palmichal, se hizo el plan piloto de desminado humanitario, el plan piloto de sustitución de cultivos de uso ilícito, y llegaron recursos de la cooperación internacional para invertir en educación y vivienda.

Además, por estas acciones favorables al Acuerdo de Paz, trajinaron por sus calles y veredas, comisiones del gobierno nacional, representantes de organismos multilaterales y periodistas de medios nacionales e internacionales.

Sin embargo, apenas se acabó toda la algarabía, los campesinos nuevamente quedaron solos. Recorrer esa vereda meses después fue encontrar solo residuos de la fiesta, porque las personas hablaban de incumplimientos del Acuerdos de Paz: comenzaron a resembrar hoja de coca para uso ilícito, los grupos armados ilegales retomaron el control territorial, no había profesores en la escuela y las familias estaban abandonando sus casas. La dicha duró unos cuantos meses.

Dice la Mesa Humanitaria que “la violencia que hoy padece el norte de Antioquia es consecuencia de la no implementación del Acuerdo de Paz. El gobierno de Duque (2018-2022) se negó a implementarlo dejando abierta todas las posibilidades para que los grupos armados desataran una carrera por el control de los territorios dónde estuvo las FARC-Ep”.

Además, aclaran los voceros de la Mesa Humanitaria que desde el 25 de mayo de este año, la situación en esta subregión de Antioquia no es la misma: la violencia se incrementó aún más; hay enfrentamientos constantes y desplazamientos forzados de las comunidades, fruto de los inicios de las operaciones militares del llamado Estado Mayor Central (Emc), una disidencia de las antiguas Farc para la retoma del Nudo del Paramillo. 

“Los municipios que están ubicados en las vertientes hacia el río Cauca y Nechí constituyen la frontera norte del Nudo del Paramillo, por ende, lo que pasa en estos municipios hoy es la ruptura de la frontera norte del Nudo del Paramillo por el Emc, esta frontera estuvo dominada por las Agc desde la firma del Acuerdo de Paz con las antiguas FARC”.

Dicen también que esta disidencia de las Farc logró consolidarse nuevamente en el norte de Antioquia, se enfrentaron a las Agc y las desplazaron de ciertos sectores, igual que a la banda conocida como Los Mesa, del municipio de Bello y a la guerrilla del Eln de algunos sectores rurales de los municipios de Yarumal y Campamento. 

Por todo ello, el Emc se está convirtiendo en una de las estructuras armadas más fuertes en Antioquia y ha comenzado a disputarle el poder a las Agc, lo que podría generar altos niveles de violencia. 

El norte de Antioquia es un lugar estratégico para los grupos armados por su ubicación, pues es parte de un corredor natural que lleva a Urabá y al Bajo Cauca. Hay economías ilegales, como cultivos de hoja de coca, cristalizaderos, minería y extorsión, que sirven de financiamiento. 

Lo que preocupa a algunos líderes es que en este contexto crítico, las tropas del Ejército, para entregar resultados de sus operativos, arremete contra la población civil, que queda expuestas a todo tipo de violación a sus derechos fundamentales. 

Aun así, las comunidades siguen apostando a esa paz que tanto anhelan, insisten en que se cumpla lo pactado con las extintas Farc y que el actual gobierno nacional las proteja.

Es por ello que la Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia, constituida en septiembre de 2022 y en la que convergen 42 organizaciones de la sociedad civil, propuso trece mínimos humanitarios para los grupos armados ante la crisis que viven en las subregiones de Antioquia, especialmente el norte. Entre esos mínimos están el cese multilateral de fuego, respetar la vida e integridad de los pobladores o cesar el reclutamiento forzado y el desplazamiento masivo.